lunes, 10 de septiembre de 2012

LA KORPO DE CRISTINA: ¿ES LA SOLUCION A LA CORPO DE MAGNETTO?


Los trabajadores de los medios necesitamos otra salida



 

El gobierno kirchnerista decidió ir a fondo contra el grupo Clarín. Se prepara para intervenir Cablevisión el 7 de diciembre, cuando venza la medida cautelar interpuesta por Héctor Magnetto para eludir la disposición de la “ley de medios” que establece un máximo de 24 licencias de TV en todo el país (Clarín tiene 158).

Se trataría de un golpe demoledor, ya que Cablevisión le aporta al grupo el 60% de sus ingresos.

Pero también Canal 13 ó la señal de cable TN podrían caer en la volteada y terminar intervenidos por el Gobierno como parte de la misma obligación de desinversión.

Parte de la ofensiva oficial, son también los avances de Guillermo Moreno sobre Papel Prensa. El manejo oficial de la principal empresa de papel de diario del país le daría otro golpe muy grande al grupo de Noble y Magnetto.

MANIPULACION Y RE-ELECCION

El monopolio quedaría así prácticamente fuera de juego de cara al 2013, crucial año electoral, cuando se dirimiría la suerte de la re-reelección y la estabilidad política del Gobierno hasta el 2015.

 Y, a su vez, el resultado de estas medidas podría derivar en una estatización de un sector decisivo de los medios de comunicación. Es que, con el recurso de una intervención estatal se podría dilatar la re-privatización legal en el tiempo y dejaría al Gobierno en posesión de los medios de la Corpo.

El Estado debería hacerse cargo de la ‘desinversión’ del multimedio, un camino plagado de corruptelas y de conflictos de todo tipo. Y tendríamos ‘cadena’ las 24 horas del día.

Es que, si bien la “ley de medios” que se invoca para hacer desinvertir a Clarín estuvo concebida para reordenar el mapa de los medios a favor grupos empresarios ligados férreamente con el Gobierno, de cara a las necesidades políticas del kirchnerismo, la reprivatización de las empresas de la Corpo podría demorarse el tiempo que al Ejecutivo le resulte necesario, ya que los grupos ligados al Gobierno (Vila-Manzano, Telecentro y otros), tienen dificultades para apropiarse en el corto plazo de las licencias de Clarín. El revés judicial del grupo Vila-Manzano en la intervención a Cablevisión pone de relieve la falta de espaldas de este monopolio mendocino y su incapacidad para enfrentar a Magnetto. Vila-Manzano no recibe la presión del Gobierno para desinvertir aunque, por la concentración de licencias, también viola la “ley de medios”.

 OTRA QUE “CLARIN MIENTE”

El Estado arbitra y arbitrará el nuevo reparto del espacio mediático, de modo que los nuevos capitalistas serán apéndices más o menos disimulados del Gobierno.

Así, una estatización del monopolio, cualquiera sea las características que adopte, le daría al Gobierno un arma decisiva de manipulación y de control de la información al servicio de los intereses capitalistas que el kirchnerismo defiende.

De producirse un ‘desguace’ del grupo, conoceríamos en forma exacerbada el famoso “Clarín Miente”. Los Ciccone y Boudou, el Indek y la inflación, Pedraza y su patota, Gerardo “601” Martinez, la contaminación de las mineras y la depredación del medio ambiente, desaparecerían como factor de denuncia. Para quienes necesiten un ejemplo, basta ver el tratamiento “informativo” que los medios oficialistas le dieron a la brutal represión contra los desocupados que la Gendarmería de la ministra Nilda Garré descargó hace unos días en la Panamericana.


CAPITALISMO Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el choque entre el gobierno y Clarín se juegan intereses capitalistas, así como también replantea el monopolio capitalista de la libertad de expresión.

En lo que respecta a los trabajadores de prensa, la libertad de expresión que hoy está coartada, en este caso, por el grupo de Noble/Magnetto, pasaría a estar sometida al control de los ‘comisarios’ políticos del Gobierno. Como sucede en Télam, donde las noticias que se emiten son del “Mundo Feliz” y se tira al cesto cualquier dato o noticia que pueda tener el más mínimo tufillo crítico. O en Radio Nacional, donde se llegó a prohibir informar que Mariano Ferreyra era un militante y mucho menos precisar que era del Partido Obrero (la orden fue mencionarlo como un trabajador tercerizado). O el despido de trabajadores díscolos al “relato” en Canal 7.

Nosotros combatimos contra el monopolio de Clarín porque también defiende intereses capitalistas y pretende imponer “un discurso” contra los trabajadores y los sectores populares. Y porque, consecuentemente, explota y censura a los compañeros de prensa que trabajan en sus medios.

Pero denunciamos el propósito reaccionario del Gobierno, que pretende utilizar la comunicación para domesticar a las organizaciones populares, ponerlas bajo su tutela y, en definitiva, estatizarlas.


NUESTRA POLITICA

En oposición a esta maniobra reaccionaria, que nada tiene de progresiva por más esfuerzos que hagan los epígonos oficiales, llamamos a luchar por una gestión de los medios por parte de los periodistas y los trabajadores de la cultura y de los representantes de los sectores populares.

Alertamos sobre la ofensiva que puede desatarse sobre los trabajadores de los medios de Clarín y llamamos a defender la continuidad laboral y la prohibición de cualquier despido de trabajadores de prensa y gráficos y de televisión. Luchamos por la defensa integral del Estatuto del Periodista y los convenios.

Denunciamos también que cualquier intervención estatal del kirchnerismo supondría para los trabajadores de cualquier medio público o privado un cercenamiento aún mayor de la libertad de expresión.

Semejante poder omnímodo del Gobierno sobre los medios crearía un clima general de intimidación contra todos los trabajadores de prensa, incluso para aquellos que se desempeñan en los medios “críticos” del Gobierno o, al menos, que no están alcanzados de manera directa por la mano K, o que no se ubican taxativamente en uno u otro campo. Esto es así porque el refuerzo de la monopolización estatal de los medios operaría, para encontrar un simil, como la desocupación sobre los reclamos salariales, que exhiben una tendencia a moderarse ante la amenaza de despido con menos posibilidades de encontrar un nuevo trabajo. Si el Gobierno avanza sin resistencia sobre cada medio crítico, nadie se sentirá a salvo de ejercer libremente su trabajo de periodista, cuya esencia para el ideario más liberal que existe sobre la profesión es escrutar al poder, ya que no sabrá en qué momento su propio medio puede caer en manos del Gobierno o de un empresario amigo. Frente a su propia patronal, aún cuando la patronal sea de la Corpo que no ha caído en manos oficiales, el periodista también se verá debilitado para luchar contra la censura, al restringírsele las opciones en las que apoyarse -al menos individualmente y dejando de lado, por ahora, las opciones de lucha colectiva- para resistir la imposición del relato de su propia patronal. Como criterio general consideramos que todo menoscabo legal y social sobre la libertad de expresión perjudica estratégicamente a la clase obrera en general y a la que se desempeña en los medios en particular y supone, siempre, un reforzamiento de las posiciones patronales sobre sus propios trabajadores aunque la patronal en cuestión milite circunstancialmente en el campo rival del Gobierno autor de la eventual iniciativa censora.

Para ser más claros, todo ataque a la libertad de expresión o todo retroceso en las libertades para ejercer la tarea periodística será, más temprano que tarde, un reforzamiento de los Magnetto /Noble contra sus trabajadores aunque en el camino o coyunturalmente se vean perjudicados. En todo caso serán los nuevos Magnetto Noble surgidos de la nueva configuración capitalista (que tenderá a ser monopólica de manera inevitable por imperio de las leyes que rigen el desenvolvimiento del capital) los beneficiarios directos de ese cuadro de intimidación contra los trabajadores periodistas, si es que se de el caso extremo de una pulverización de la patronal en cuestión en el aquí y el ahora.

El tan temido poder de Clarín fue el resultado de una sucesión de ataques a la libertad de expresión ejercidos desde el poder estatal. El primero de todos por parte de Juan Perón en su segunda presidencia, contra el diario La Prensa, cuya página de clasificados, su gran negocio de la época, pasó directamente a manos del joven diario Clarín, debido a las buenas migas ocasionales de Roberto Noble con elementos de ese gobierno. Ese fue el primer gran golpe de mano de Clarín, que le permitió pegar un salto descomunal en etapa tan temprana de su historia. Ni hablar de los ataques a la libertad de expresión ejercidos por la dictadura de Videla, que redundaron en un considerable aumento del poder económico de Clarín como premio a su política de ocultamiento de los crímenes de los genocidas; fue, además, ese impresionante poder estatal dictatorial, reforzado por la suma del poder público y el control de los medios, lo que le permitió a Clarín terminar con todo vestigio de oposición gremial, una faena que empezó incluso antes, bajo el gobierno de la Isabel y el imperio de las Tres A.

Consecuentemente, la restricción de la libertad de expresión por la vía de la acción estatal supone siempre un reforzamiento del propio aparato estatal en general, cuyo carácter conspirativo contra la clase obrera y el pueblo se desenvuelve mejor sin periodistas y /o medios que pretendan echar luz sobre su condición secreta y represiva. Todo reforzamiento del carácter represivo del Estado o del propio estado termina siempre yendo a parar a la cuenta de los capitalistas, que se valen de ese estado para sojuzgar a la clase que explotan.

Ante esta puja entre el Gobierno y la Corpo resulta fundamental abrir una deliberación entre los trabajadores de todos los medios, que defienda el derecho a la información de nuestro pueblo contra la censura y la manipulación de todas las fracciones capitalistas estatales y privadas en pugna.

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